lunes, 25 de julio de 2011

Acceso abierto y las políticas culturales

Faltando días para el inicio del gobierno Humala, la expectativa de cambio no está precisamente boyante. Quién sabe si será una gran decepción. Pero como la esperanza es lo último que se pierde, hoy y mañana publicaré sobre temas que requieren políticas de estado, y que gruesamente corresponden a los ministerios que hoy, lunes 25 a las 9 am, no tienen titular todavía: cultura y educación. Hoy es acceso abierto, mañana será sobre educación universitaria.
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Las controversias sobre el acceso abierto al conocimiento han tenido un incremento relativamente significativo gracias a dos grandes casos: Wikileaks y el caso Swartz. El primero ha sido discutido mucho y la verdad es que cubre una dimensión política muy concreta. El segundo es menos conocido, pero no por ello menos crítico. Ha servido para que afloren posiciones extremistas, e irreales, desde los dos bandos.

Por el bando de los que creen que la información es un negocio, representados por el gobierno de los EEUU, la cosa es clara: es un delito. Aaron Swartz, que es un promotor de la idea de liberar contenidos, intencionalmente, por varios meses y con métodos muy directos, se decidió a sacar material de servidores que no estaban bajo su control, para ponerlo a disposición de los usuarios que no pueden pagar por JSTOR, un servicio muy útil pero finalmente, de pago, que facilita el acceso a revistas académicas. Ha sido inculpado por "wire fraud, computer fraud, unlawfully obtaining information from a protected computer, and recklessly damaging a protected computer.". Como se puede ver, no hay nada respecto a propiedad intelectual.

Por el lado de los libertarios de la información, expresados por ejemplo en alt1040, la cosa es clara: la información quiere ser libre, y debería serlo. No solo es pagada de los impuestos de todos, sino que las condiciones técnicas permiten la difusión masiva del conocimiento y por lo tanto no deberíamos imponer restricciones que solo favorecen a algunos. Lo que ha hecho Swartz es esencialmente correcto y atacarlo es simplemente justificar un modelo de negocios pernicioso que no beneficia a todos, y que además no es la única forma viable de hacer plata con contenidos digitales en el contexto académico.

La cosa, como suele ser en la vida real, es bastante más complicada. JSTOR, para comenzar, es una organización sin fines de lucro, que reclama cobrar para cubrir costos y para facilitar el trabajo de todos. Esto nos lleva a que el modelo de publicación académica implica costos y demanda recursos, y por lo tanto exige que nos planteemos cómo financiar el acceso al conocimiento. Por ahí va la pregunta más interesante, que es particularmente crítica en tiempos de cambio en que todo el mundo parece querer encontrar nuevas y más caras formas de acceso a la información.

Mi posición no ha cambiado desde que publiqué esto, hace seis años: lo central a la comunicación académica es la difusión y distribución validada por pares, no la autopublicación. Crear un modelo sostenible que financia la circulación de contenidos académicos validados es lo importante, y esto no quiere decir que la información académica no quiera ser libre, sino que igual cuesta, siquiera un poquito.

¿Cuál es la política del estado peruano al respecto? Asumo que tanto el ministerio de Educación como el de Cultura, junto con la biblioteca nacional, deberían estar haciendo algo al respecto, pero claro que mi premisa es fallida. No hay nada.

Si queremos, en serio, pasar de la lucha contra la pobreza a la lucha por el desarrollo, habría que pensar en fortalecer nuestro mediocre sistema de educación superior, y garantizar la puesta en valor de la producción académica peruana. Para hacerlo, se puede contar con lo que ofrece la tecnología digital como un aliado fantástico, por ejemplo facilitando el acceso colectivo a JSTOR y replicando la idea desde una institución estatal (CONCYTEC, por ejemplo) que pueda levantar lo que hacemos, con todo lo bueno y lo malo que hay, ponerlo a disposición de todos y eventualmente avergonzarnos colectivamente por su mediocridad, para obligarnos a mejorar. Podría ser un inicio, algo básico.

Pensar que las soluciones al problema del acceso a la información son individuales o corporativas es un gran error: ambas son fantasías capitalistas, en que el individuo triunfa sobre la economía, o donde el mercado solo asigna racionalmente recursos. Como la información no quiere nada, resulta siendo el reflejo de las intenciones de las personas e instituciones tras de ella, y en el caso de los libertarios hay una falacia tan poderosa como detrás de las industrias: que todo es cuestión de personas, y que si todo es libre, todos tendremos las mismas oportunidades. Falso, porque las asimetrías de información vienen de más profundo que solo de un problema de distribución de un tipo de recursos.

Se necesita mecanismos novedosos de distribución y difusión, y se necesita fortalecer la calidad mediante el control de calidad. Nada más simple y nada más difícil de lograr en el Perú. La Internet puede ser un gran aliado, pero hay que pedirlo con sensatez, y exigir acciones adecuadas del estado peruano para llegar a algo.

domingo, 10 de julio de 2011

Sobre las aerolíneas en el Perú

Hoy el suplemento Domingo, de La República, publica un artículo interesante sobre la posibilidad de una aerolínea estatal, la que recibe el arbitrario nombre de "bandera". Más allá de lo inactual del concepto, la idea da vueltas hace un buen tiempo. Hay al menos tres argumentos para promover la participación del estado en la aviación comercial; varios se mezclan sin orden en la discusión publica.

1. El Perú debe tener una aerolínea estatal por razones de seguridad nacional, geopolíticas, o hasta de orgullo.

2. Las tarifas son caras por el enorme peso que una sola aerolínea, LAN, tiene en el mercado (se menciona 83% de los movimientos en el artículo).

3. Existen muchas localidades, sobre todo en las selva alta y baja, sin servicio aéreo, que no lo tendrán por razones comerciales, que no podrán despegar económicamente sin el.

El primer argumento me parece deleznable, no solo porque hay cosas mucho más urgentes para asegurar a la nación (vean el tema de la TBC en el cerro San Cosme, hoy en larep también, y díganme si invertir en aplanar ese cerro no sería una mejor inversión de recursos escasos), sino porque no hay realmente nada de qué preocuparse en el frente político-militar como para poner la seguridad nacional a la antigua, como prioridad. Nuestros problemas son el narcotráfico, la violencia criminal, la desorganización política y el caos público, no una imaginaria amenaza de enemigos inexistentes.

El segundo argumento y el tercero se chocan hasta anularse casi por completo. Competir con Lan, que cubre catorce destinos, implica entrar con un montón de aviones en rutas caras, mientras que servir las localidades aisladas implica otros aviones, otra organización, y en general un modelo de negocios distinto. El artículo menciona una propuesta que modelaba a la aerolínea estatal al estilo de una RyanAir: aeropuertos alternos (¿Las Palmas? ¿Realmente queremos aumentar el uso de aviones sobre la ciudad?), ventas solo por Internet, servicio completamente elemental, maletas pagadas aparte. Pero ese modelo no funcionaría en zonas en donde la idea es facilitar el movimiento de personas y de su carga, sino no estamos cambiando nada: de Tingo María a Tarapoto, el grueso del movimiento será de comerciantes, y esperar que compren por Internet pasajes que además requieren un trámite aparte para la carga, es como muy optimista.

Este modelo se intento hace cincuenta años con SATCO, y de alguna manera fue la justificación a medias de TansPerú, que colapsó bajo su propio peso de ineficiencia y falta de seguridad. El punto de fondo sigue siendo el mismo: los costos de entrada para el negocio aerocomercial son enormes y la inversión para hacerlo seguro y confiable, muy alta. ¿Existe demanda para cubrir esas localidades? No lo sé, y no conozco de estudios que lo demuestren, o que nos digan en qué términos se define esa demanda.

En el fondo, la idea de una aerolinea de bandera solo funcionaría en un mercado altamente regulado, en donde ningún operador pudiese competir por precios, y las rutas más caras subsidiasen las menos rentables. ¿Es posible hacer algo así? Discutible. Pero plantearse una respuesta de hace cincuenta años, la aerolínea estatal, a un problema actual en un mercado completamente distinto, es una muy mala idea. Mejor planteamos abiertamente un regreso al modelo aerocomercial altamente regulado, o comenzamos a imaginar respuestas distintas a estos problema, bajo la lógica de lo que realmente necesitamos, no de lo que imaginamos como bueno.